11 de agosto, un año más del reconocimiento y 500 de indiferencia.

Inclusión de los Derechos Indígenas en la Constitución Nacional:

Desde la llegada de los europeos a las tierras americanas, la comunidad aborigen ha sufrido diferentes atropellos. Cómo ser, la abolición de sus costumbres y cultura, el desplazamiento de sus tierras y lo peor de todo, haber sido víctimas de uno de los primeros exterminios de la raza humana. Aunque en ese entonces la Corona Española no los consideraba así, sino como seres inferiores y sin alma. La magnitud de esta aniquilación fue tan contundente que en regiones caribeñas no quedó un solo aborigen en pié. Lo que posibilitó el comercio de negros esclavos traídos desde las colonias africanas, para suplir la falta de mano de obra.

En aquella época aunque parezca increíble un cura, ex encomendero, luchaba por la liberación de lo pueblos indígenas del dominio de sus antiguos pares. El viejo Bartolomé de las Casas luchó incansablemente hasta sus últimos días por lograr su cometido, debiéndose enfrentar a reyes, terratenientes y ciudadanos que se resistían a la idea de ver al indio libre. En su afán por lograr la liberación llegó a propugnar el intercambio de los indios por los negros esclavos, cayendo en el mismo prejuicio de sus contemporáneos, al menospreciar al negro. Esto le costó muy caro y la historia lo va a juzgar por siempre, aunque en sus últimos momentos estaba totalmente arrepentido y proclamaba el perdón por ese pecado, sin embargo ya sin fuerzas para seguir luchando por su “encomienda”.

El vía crucis de los naturales se prolonga durante el tiempo y pareciera nunca acabar.

En Argentina algunos personajes, gobernantes de intereses foráneos y hermanados a la clase oligárquica planificaban la distribución de las tierras y emprendieron campañas, como la del desierto, que consistían en la eliminación del indio de las tierras pampeanas y patagónicas. Con el pretexto de que existía el riesgo de la pérdida de esas tierras a manos de Chile y por considerar a los nativos una clase estéril, que no respondería al modelo productivo que pretendían establecer.-

La provincia de Chaco no se encuentra ajena a este tipo de acciones, ya que el 19 de julio del año 1924 durante el gobierno de Fernando Centeno, este, ordenó a fuerzas policiales reforzadas con civiles armados, la misión de aplacar un reclamo llevado a cabo por aborígenes de la región de Napalpi, hecho que terminaría en una masacre, conocida actualmente como “La masacre de Napalpi”. Fenómeno que derramó la sangre de hombres, mujeres, ancianos y niños, ejecutados por semejantes bajo el dominio del alcohol y una morbosidad ilimitada.

Afortunadamente esta situación fue cambiando para beneficio de nuestros hermanos aborígenes, a tal punto que en el año 1994 se reformó la Constitución Nacional, incorporando en su artículo 75 el siguiente mandato:

"Corresponde al Congreso: 17. "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias podrán ejercer concurrentemente estas atribuciones”.

El dictamen de este tipo de leyes hizo posible, que las provincias tengan la obligación de enmendar errores pasados. Particularmente en nuestra provincia, el 17 de Enero de 2008 en Machagai, el gobernador Jorge Capitanich, pidió perdón en nombre del Estado chaqueño por la "Masacre de Napalpí" y declaró el 19 de julio Día de los Derechos de las Poblaciones Aborígenes.

En el Informe Anual 2007 de Amnistía Internacional, se reporta que en 2006 comunidades indígenas de las provincias de Chaco y Salta, incluidos los grupos toba, wichi y mocoví, llevaron a cabo huelgas de hambre e instalaron campamentos al borde de carreteras en defensa de sus derechos. Las movilizaciones de las comunidades indígenas de la provincia de Chaco tenían el propósito de solicitar un presupuesto razonable para el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), la adopción de medidas relativas a la vivienda y la salud, y el fin de la venta y distribución irregulares de tierras y propiedad estatal (tierras fiscales) a empresas madereras y productores de soja. En agosto de ese mismo año, miembros de la comunidad wichi de la provincia de Salta, realizaron una acción similar para reclamar la devolución de tierras comunales. (http://www.amnesty.org.ar/nuestro-trabajo/temas/pueblos-indigenas)

En 2007 Argentina votó positivamente en la ONU, junto a otros países “La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por lo que tiene la tarea de sancionar leyes para cumplir la declaración de la ONU y adoptar medidas inminentes para mejorar las condiciones de vida de estos Pueblos y se respeten los principios del acuerdo.

De esta manera todo Estado debe prestar especial atención a las poblaciones indígenas promoviendo medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de sus derechos, como ser: el acceso a la salud, a la alimentación, al agua potable, a la educación, a una vivienda digna, al trabajo, a la inclusión social y a su bienestar en general. Ante todo el respeto que les cabe como personas, como hermanos de sangre que somos, nada más alejado de aquella idea de conceptuarnos como europeos, menospreciando y desconociendo nuestro verdadero origen.-

Walter Olivera

Bibliografía consultada

Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano.-

Zaid, el año de la masacre.

El medio pelo en la sociedad argentina, Arturo Jauretche.